Los padres temen perder las protecciones por discapacidad tras el recorte de Trump a la Oficina de Derechos Civiles
Devon Price, un chico de 15 años con autismo, lleva 10 años asistiendo al distrito escolar más grande de Carolina del Norte, pero no sabe leer ni escribir. Su hermana gemela, Danielle, también autista, sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros y tuvo pensamientos suicidas.
Según la ley federal, las escuelas públicas deben proporcionar a los niños con discapacidades una “ educación pública gratuita y apropiada ” para darles la misma oportunidad de aprender que los demás niños.
La madre de las gemelas, Emma Miller, y decenas de miles de otros padres en Estados Unidos han presentado quejas ante el Departamento de Educación alegando que las escuelas y los estados han ignorado el maltrato a sus hijos. Estas quejas están en el limbo mientras la administración del presidente Donald Trump se propone desmantelar la agencia federal.
Trump se burló una vez de un periodista con discapacidad . A principios de este año, las declaraciones inexactas del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sobre las personas con autismo fueron criticadas por perpetuar estereotipos ofensivos.
Ahora a gente como Miller le preocupa que sus hijos se queden atrás.
“Quiero justicia para mis gemelos y que suene la alarma para que otros niños con necesidades especiales no sufran ni se vean privados de ayuda”, dijo Miller, de 53 años, que vive con sus gemelos en Wake Forest, Carolina del Norte.
El Departamento de Educación, creado en 1979 y encargado de supervisar las escuelas y universidades de Estados Unidos, tiene la autoridad para proteger a los estudiantes de la discriminación por motivos de raza, sexo, religión o discapacidad. Su Oficina de Derechos Civiles investiga las denuncias en las escuelas y negocia medidas correctivas.
A medida que comienza el año escolar, las familias de todo el país no están seguras de qué autoridad quedará para intervenir en su nombre si la oficina cierra, dijo Hannah Russell, una defensora que trabaja con padres en Carolina del Norte que intentan obtener servicios educativos para sus hijos con discapacidades.
“Sin el Departamento de Educación no hay rendición de cuentas”, dijo Russell, exprofesor de educación especial. “Todos tienen miedo”.
Miller describió a sus gemelos como sus "bebés milagrosos", quienes sobrevivieron a pesar de pesar casi medio kilo al nacer . Danielle Price pasó los primeros cinco meses de su vida en una unidad de cuidados intensivos neonatales, y su hermano, Devon, los primeros siete.
Ha pasado años luchando por ellos, enfrentándose repetidamente a las autoridades escolares locales y estatales. Pero incluso cuando logró victorias, dijo, sus hijos no recibieron la ayuda prometida.
Miller dijo que sus hijos son muy funcionales y comunicativos. Añadió que podrían haber prosperado académicamente si el sistema escolar les hubiera brindado los servicios adecuados.
“Mis hijos han sufrido”, escribió Miller en una denuncia que presentó en septiembre de 2024. “Al grupo de niños más vulnerable se le niega la educación básica”.
'Inusual y sin precedentes'
Miller afirma que su hija comenzó a autolesionarse después de que sus compañeros de clase se burlaran de ella y la atormentaran, y el personal la aislara de sus acosadores. El Sistema Escolar Público del Condado de Wake asignó a Devon a un aula con un asistente de instrucción que no era docente colegiado, lo cual constituye una violación de la política, según documentos estatales .
El año pasado, Miller presentó una queja contra las escuelas del condado de Wake ante la Oficina Federal de Derechos Civiles. Alegó que el distrito no reevaluó a sus hijos para determinar sus necesidades de educación especial, no respondió durante meses a sus solicitudes de registros y tomó represalias en su contra al retirar indebidamente a los gemelos del distrito escolar.
Las escuelas del condado de Wake violaron la política cuando el personal no abordó los efectos del acoso escolar en Danielle, dice una carta de abril de 2024 del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte.
El plan educativo del sistema escolar para Danielle “no era apropiado considerando las necesidades socioemocionales insatisfechas de la estudiante, lo que resultó en una mayor ansiedad en la estudiante”, dice la carta.
Los funcionarios estatales concluyeron en junio de 2024 que el sistema escolar no desarrolló, revisó ni modificó un plan educativo para Devon, lo asignó a un asistente de maestro en lugar de un maestro autorizado y no proporcionó tecnología que pudiera ayudarlo a aprender, según los documentos.
Si bien las decisiones validaron las preocupaciones de Miller, ella dijo que el distrito continúa violando los derechos de sus hijos y que el estado ahora está ignorando sus pedidos de ayuda.
"Nadie se hace responsable", declaró a KFF Health News. "Ha sido una pesadilla".
Pero después de apelar al gobierno federal el año pasado, el Departamento de Educación le envió una carta en marzo diciendo que no investigaría la queja.
Durante décadas, padres y defensores de personas con discapacidad han afirmado que el sistema les dificulta obtener victorias contra los distritos escolares, ya que el proceso suele ser largo, confuso y, si una familia contrata a un abogado, costoso. Ahora advierten que las familias podrían enfrentarse pronto a obstáculos aún mayores.
El 11 de marzo, día en que el Departamento de Educación envió la carta de rechazo a Miller, la agencia anunció el despido de casi la mitad de sus 4133 empleados. La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que la medida era "un paso significativo para restaurar la excelencia del sistema educativo estadounidense".
Las autoridades cerraron siete de las 12 oficinas regionales de la Oficina de Derechos Civiles de la agencia, dejando un personal mínimo para investigar miles de quejas presentadas cada año, según abogados y defensores de los discapacitados.
Trump, cumpliendo su promesa de campaña de reducir el gobierno federal, firmó más tarde una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación, que según él había fallado a los niños y creado una burocracia inflada.
El presidente instruyó a los funcionarios a “devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales, al tiempo que se garantiza la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
Padres y grupos de defensa afirman que esto permitiría a las autoridades locales autocontrolarse en un momento en que las escuelas siguen estando segregadas racialmente , algunas universidades selectivas aceptan más solicitantes varones que mujeres, y los estudiantes con discapacidades tienen dificultades para recuperarse académicamente de la pandemia de COVID-19, más que sus compañeros. Además, señalan que las leyes federales que protegen a los niños con discapacidades y desfavorecidos surgieron debido a las deficiencias a nivel estatal .
Según la ley de Carolina del Norte , los niños con discapacidades deben ser reevaluados por las escuelas cada tres años para determinar sus necesidades individuales. Sin embargo, Miller afirmó que las autoridades del condado de Wake rechazaron durante casi una década sus solicitudes de reevaluación de sus hijos. Añadió que finalmente se realizó a finales de 2024.
“Nunca imaginé que conseguir educación para mis hijos sería un problema tan grande”, dijo Miller.
El Centro de Derecho Educativo, la NAACP y otros grupos de defensa han interpuesto una demanda para detener los planes de Trump, alegando que los cambios son ilegales y representan una amenaza para la educación de estudiantes de grupos vulnerables. Unos 20 estados y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda para detener el plan, pero la Corte Suprema dictaminó en julio que la administración Trump podía seguir adelante mientras el caso se tramitaba en los tribunales.
Russell dijo que ha escuchado que los distritos escolares de Carolina del Norte están prometiendo proporcionar adaptaciones para los estudiantes con discapacidades, como tiempo adicional en los exámenes.
Pero las familias que no pueden permitirse contratar un abogado podrían encontrarse en desventaja cuando surjan desacuerdos sobre servicios que cuestan más dinero a los distritos, dijo Russell.
La administración Trump ha diezmado la capacidad de la Oficina de Derechos Civiles para investigar adecuadamente una acumulación de miles de quejas, dijo Robert Kim, quien dirige el Centro de Derecho Educativo.
La oficina informó haber recibido casi 23,000 quejas en el año fiscal 2024 , la cifra más alta registrada hasta la fecha. Aproximadamente 8,400 (el 37%) se relacionaron con denuncias de discriminación por discapacidad.
Los niños negros y aquellos con discapacidades pueden sufrir las peores consecuencias, ya que enfrentan desproporcionadamente una disciplina severa en la escuela, incluida la restricción física y el aislamiento en salas de aislamiento, dijo Kim.
El Departamento de Educación dice que los niños con discapacidades representan el 14% de los estudiantes , pero el 75% de los que están aislados y el 81% de los que están restringidos físicamente.
Los niños negros constituyen aproximadamente el 15% de los estudiantes, pero el 42% de los que están sujetos mecánicamente mediante un dispositivo o equipo.
“Está sucediendo algo inusual y sin precedentes”, dijo Kim sobre lo que ve como un cambio en la responsabilidad del gobierno federal de mantener a los niños seguros y brindarles una educación de alta calidad.
La oficina de prensa del Departamento de Educación rechazó una solicitud de entrevista para esta historia en un correo electrónico sin firmar que fue copiado a los funcionarios de la agencia Madison Biedermann, Savannah Newhouse, Julie Hartman y Ellen Keast.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, no respondió a una solicitud de comentarios.
En una declaración de julio , McMahon dijo que su agencia está cumpliendo con todas sus funciones: “Llevaremos a cabo la reducción de personal para promover la eficiencia y la responsabilidad y para garantizar que los recursos se dirijan a donde más importan: estudiantes, padres y maestros”.
'Nada más que problemas'
Danielle y Devon Price ingresaron a décimo grado en la Preparatoria Wake Forest en agosto. Su madre dijo que no está segura de qué les sucederá.
Danielle quiere ir a la universidad, pero sus habilidades matemáticas están a un nivel de cuarto grado, según muestran los registros escolares.
Como muchos jóvenes con autismo, Danielle tiene dificultades para adaptarse a los cambios de rutina, y su madre comentó que se desanimó cuando las autoridades escolares la cambiaron repetidamente de clase para mantenerla alejada de un chico que la acosaba. Poco después, Danielle comenzó a autolesionarse, dijo Miller, y añadió que su hija recibe terapia intensiva.
“No han sido más que problemas” con las escuelas del condado de Wake, dijo. “Es como si a nadie le importara”.
Los funcionarios escolares del condado de Wake se negaron a responder preguntas sobre las quejas de Miller, citando leyes de privacidad.
En una declaración escrita, el portavoz del distrito, Matthew Dees, dijo que “el distrito escolar ha trabajado arduamente para llegar a un acuerdo con la Sra. Miller sobre muchos temas” y solucionó las quejas que estaban fundamentadas.
“El distrito cuestiona las acusaciones restantes en las diversas quejas que ha presentado, incluidas las numerosas acusaciones contra varios miembros del personal”, agregó Dees.
Según la ley federal, los padres tienen 180 días a partir de la última presunta infracción para presentar una queja ante el Departamento de Educación. Miller presentó su queja el 12 de septiembre de 2024, exactamente 180 días después de que, según ella, a sus gemelos se les negara por última vez una "educación pública gratuita y apropiada".
Pero la Oficina de Derechos Civiles declaró que era demasiado tarde. Los funcionarios se negaron a concederle una exención a Miller, quien había solicitado una excepción, según su carta de denegación de marzo.
Dijo que pasó meses peleando con los funcionarios escolares del condado de Wake y no recurrió al gobierno federal antes porque esperaba poder resolver los problemas a nivel local.
Miller teme por el futuro de sus hijos a menos que algo cambie en la escuela.
“Soy madre soltera y algún día no estaré aquí”, dijo. “Mis hijos pronto serán adultos, pero mi hijo no sabe leer ni escribir. Me quedo atónita. Aquí no hay ayuda de verdad”.
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