La crisis que se profundiza en el sector salud: así está impactando a los pacientes y a los usuarios el complejo panorama

La crisis del sistema de salud colombiano ya no es una advertencia técnica ni un debate entre ministerio y gremios: es una realidad que se siente en las calles, en los hospitales y en los hogares. A las alarmas financieras que vienen encendiendo las EPS, los hospitales y las clínicas, se suman las protestas de los maestros y los testimonios de pacientes que, entre la espera y el desabastecimiento, terminan pagando el costo de un sistema que se fractura a diario.

En las últimas semanas, tres frentes distintos —las deudas crecientes con los prestadores, el paro del magisterio por su régimen especial de salud y los casos de usuarios sin atención— han expuesto una misma verdad: la salud en Colombia atraviesa su momento más crítico en años.

Según el informe presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la cartera del sector farmacéutico llegó a los $4,2 billones al cierre del segundo trimestre de 2025, una cifra que refleja el agravamiento de una crisis que ya supera los límites de lo sostenible. De ese monto, el 35,3 % corresponde a cartera vencida y cerca del 3 % a cartera irrecuperable.

El deterioro no es aislado. De acuerdo con el análisis de la firma Sectorial, las deudas totales del sistema con los proveedores de salud ascienden a $24 billones, y la mitad de ellas está concentrada en las EPS intervenidas por el Gobierno, con la Nueva EPS a la cabeza: una entidad que, pese a estar bajo control estatal, acumula pasivos por $6,69 billones, de los cuales más de $4 billones están en mora.

El impacto directo de ese desfinanciamiento es el colapso progresivo de la red hospitalaria. Solo en el primer semestre de 2025 se cerraron 6.084 servicios de salud, casi tantos como en todo 2024. Los más afectados son los servicios de baja y mediana complejidad —odontología, medicina general, fisioterapia y enfermería—, precisamente los que constituyen la puerta de entrada de los pacientes al sistema.

“Las cifras muestran una red que se está debilitando. Si no se toman decisiones estructurales sobre los pagos y las condiciones contractuales, podríamos ver un colapso progresivo de los servicios esenciales”, advirtió Jorge Toro, director de la Unión de IPS (Unips).

El deterioro financiero ya se traduce en afectaciones directas para los usuarios. En los primeros seis meses del año se recibieron más de un millón de reclamos, de los cuales el 30,2 % corresponden a demoras en la asignación de citas y el 18,8 % a la negación de medicamentos o tecnologías. “Hoy enfrentamos un deterioro financiero estructural. En este contexto, los pacientes son quienes terminan pagando las consecuencias”, señaló Alejandro Escobar, analista de Sectorial.

La crisis no solo se mide en cifras. En las últimas horas, un episodio en Barranquilla volvió a ponerle rostro humano al colapso. En redes sociales se hizo viral el video de una mujer embarazada que se desplomó tras esperar más de cuatro horas por un medicamento en un dispensario del norte de la ciudad. “Nadie hizo algo”, denunció una de las testigos.

Según los usuarios, la mujer llegó acompañada de su madre desde las 8:00 de la mañana y, tras una larga espera, se desmayó justo cuando finalmente fue llamada al mostrador. “Nosotros tuvimos que auxiliarla porque el personal no reaccionó. La ambulancia llegó veinte minutos después”, relató Carmen Ariza, una de las presentes. El caso generó indignación en redes y evidenció la precariedad del servicio farmacéutico en varias EPS, donde la falta de medicamentos y las colas interminables se han vuelto rutina.

El círculo vicioso es evidente: las EPS no pagan a las IPS; las clínicas suspenden servicios; los hospitales reducen capacidad; y los usuarios, sin otra opción, enfrentan largas esperas o viajes a otras regiones para recibir atención. Y todo surge de una UPC que el Gobierno insiste que alcanza, pero que los demás actores del sistema han sido enfáticos (validados además por la Corte Constitucional) de que es insuficiente.

Incluso entidades de referencia como la Clínica Shaio y el Hospital de San José anunciaron recientemente que dejarán de atender a los pacientes de la Nueva EPS por falta de pago. El gremio hospitalario advierte que si no hay giro de recursos en el corto plazo, podría haber nuevas suspensiones masivas de servicios antes de finalizar el año.

Mientras la red hospitalaria enfrenta su peor momento, otro frente de conflicto se abre desde el magisterio. El pasado jueves 30 de octubre, los maestros afiliados a Fecode realizaron un paro nacional de 24 horas, cuyo eje es la crisis del modelo de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El sistema del magisterio, un régimen especial administrado por la Fiduprevisora, fue presentado por el propio Gobierno como el “modelo de prueba” de la reforma a la salud. Sin embargo, un año después de su implementación, se ha convertido en un reflejo de los mismos problemas que aquejan al régimen general: sobrecostos, contratos irregulares, demoras en la atención y un crecimiento explosivo del gasto.

Según Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode, el malestar de los maestros no es con el modelo en sí, sino con su aplicación. “El llamado es a la Fiduprevisora, que garantice que no haya sobrecostos y que se le responda a tiempo a las IPS. También a las IPS, para que no abusen de las tarifas y cumplan con el servicio”, señaló.

Alfonso denunció que, en los primeros meses de implementación, los contratos firmados por la Fiduprevisora presentaron valores desproporcionados, llegando a pagar capitaciones de $138.000 por paciente, cuando el promedio del mercado no supera los $39.000.

La suma de todos estos factores —deudas impagables, cierres de servicios, conflictos en el régimen especial del magisterio y alertas de los organismos de control— configura un panorama que muchos expertos describen como una tormenta perfecta.

La Contraloría General reveló que la Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones, y que no cuenta con estados financieros certificados desde 2023, lo que impide conocer su verdadera situación contable.

Frente a este escenario, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en que “las EPS pagan sus deudas o las liquidamos”. Pero el mensaje genera contradicciones: el propio Gobierno controla siete EPS —entre ellas la Nueva EPS—, que concentran más de 11,7 millones de afiliados y la mayor parte de las obligaciones vencidas.

En medio de las cifras, los paros y los cierres, el denominador común es el paciente. Cada reclamo, cada servicio suspendido o contrato no pagado se traduce en un colombiano que no puede acceder a su tratamiento o que debe esperar meses para una cita básica.

La crisis ya no es un asunto de gestión o de modelo; es un problema humanitario. Y mientras el Gobierno insiste en una reforma nuevamente estancada, los hechos muestran que el sistema, en todos sus frentes —público, privado y especial—, se está desmoronando desde adentro.

Periodista de Medioambiente y Salud