IVA de 0% en productos menstruales: SCJN analiza tasa cero
IVA de 0% en productos menstruales vuelve al centro del debate nacional luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara la posibilidad de aplicar la tasa cero a todos los productos de gestión menstrual, y no solo a toallas sanitarias, tampones y copas, como ocurre desde 2022. La discusión abre la puerta a un cambio fiscal con impacto directo en la salud, la equidad de género y el acceso a productos básicos para millones de personas.
El ministro Irving Espinosa Betanzo presentará ante el pleno de la SCJN un proyecto que propone ampliar el beneficio fiscal de tasa cero de IVA a la totalidad de los productos destinados a la gestión menstrual. La iniciativa será discutida el próximo 8 de enero y podría modificar el alcance del artículo 2-A de la Ley del IVA.
Actualmente, solo algunos productos cuentan con el beneficio fiscal, mientras que otros como pantiprotectores o ropa interior menstrual especializada continúan gravados con una tasa del 16%, pese a cumplir una función similar. Esta diferencia es el eje central del debate constitucional.
El proyecto surge a partir de un amparo promovido por Nueva Walmart de México, que impugnó la reforma fiscal de noviembre de 2021 por considerar que vulnera los principios de igualdad, no discriminación y equidad tributaria. La empresa argumentó que excluir ciertos productos de gestión menstrual genera un trato desigual sin justificación objetiva.
Aunque en primera instancia el amparo fue rechazado, un tribunal federal reabrió el caso en junio de 2024 y reservó a la SCJN la facultad de analizar la constitucionalidad de la norma. Con la nueva integración del máximo tribunal, el caso quedó en manos del ministro Espinosa.
En su proyecto, el ministro sostiene que una de las responsabilidades del Estado mexicano es promover la salud pública y evitar cargas económicas adicionales relacionadas con necesidades biológicas asociadas al género. Negar el tratamiento fiscal preferencial a ciertos productos menstruales, señala, reproduce desigualdades estructurales, especialmente en contextos de pobreza o marginación.
El documento subraya que imponer un 16% adicional a productos esenciales afecta de manera desproporcionada a quienes menstruan, mientras que otros artículos con la misma finalidad ya están exentos. Esta diferencia, argumenta, contradice el objetivo original de la reforma: garantizar una gestión menstrual digna y accesible.
Más allá del impacto fiscal, el debate tiene una dimensión social y de derechos humanos. La gestión menstrual ha sido reconocida internacionalmente como un componente del derecho a la salud, la educación y la igualdad. Gravar estos productos puede limitar su acceso y profundizar brechas de género.
Organizaciones civiles han insistido en que la política fiscal debe alinearse con una visión integral de la gestión menstrual, que incluya todos los insumos necesarios para vivir este proceso de manera segura y digna. En mayo pasado, varias de estas organizaciones presentaron un amicus curiae ante la Corte para respaldar la eliminación total del IVA.
De aprobarse el proyecto, la decisión de la SCJN podría sentar un precedente relevante en materia de política fiscal con perspectiva de género. Además de beneficiar a consumidores, también obligaría a una reinterpretación de la legislación vigente y podría influir en futuras reformas tributarias.
El caso refleja una tendencia creciente en tribunales constitucionales: evaluar las normas fiscales no solo desde una lógica recaudatoria, sino también desde su impacto social y su coherencia con los principios de igualdad y derechos fundamentales.
La discusión en el pleno será determinante. Si la mayoría de los ministros respalda el proyecto, se abriría la puerta para que todos los productos de gestión menstrual queden exentos de IVA en México. En caso contrario, el esquema actual se mantendría, aunque el debate ya ha puesto el tema en la agenda pública.
Más allá del fallo, el análisis de la SCJN refuerza la idea de que la fiscalidad también puede ser una herramienta para reducir desigualdades y avanzar hacia políticas públicas más inclusivas.
La Verdad Yucatán
