Caos como forma de gobierno

En tanto se regala dinero del erario público, disfrazado de apoyos sociales, se destruyen instituciones públicas.

Alrededor de 30 millones de personas son beneficiarias de los diferentes programas que regalan el dinero que se recauda de los contribuyentes que sí generan esos recursos.

Sin duda alguna, que quienes reciben eso dinero “regalado” están contentas, con independencia de lo que diga, haga o deje de hacer el gobierno, ya sea en materia seguridad pública, protección civil, o en cualquier otra responsabilidad del Estado.

En septiembre de este año, casi 7 de cada 10 mujeres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro y cerca de 6 de cada 10 hombres consideran lo mismo. Y existen ciertos lugares del país que se eleva el indicador a cerca de 9 de cada 10 que consideran lo mismo.

Lamentablemente la crisis de la inseguridad tiene muchas más vertientes que contribuyen al caos, por ejemplo, el número de personas que considera que las instituciones públicas se encuentran coludidas con la delincuencia, el ataque a los líderes sociales, ya sea de las madres buscadoras, líderes agrícolas, entre otros.

En el contexto de la inseguridad se promovió una reforma al sistema de justicia para destituir a miles de ministros, magistrados y jueces, tanto del fuero federal como de los estados.

Más que recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, el objetivo fue tomar el control de una institución que resolvía los asuntos con cierto margen de independencia. A pesar de dicha cualidad era esencia de dicho poder.

Sin tener un control de las instituciones de seguridad pública federal o estatal, se arrojó por la borda avance, aunque fuera el poco, que miles de servidores públicos del poder judicial habían alcanzado para formar parte de la carrera judicial.

Como pudimos advertir en los resultados de la pasada elección, lo único que se necesitaba era garantizar la lealtad con el partido en el poder para incorporarse a los acordeones de los jueces que serían electos sin importar la formación profesional.

Ya comenzaron a advertirse algunos casos grotescos de falta de conocimiento o inexperiencia en los jueces electos, pero el mayor golpe fue a la credibilidad institucional y el caos que se generó en el ámbito de la impartición de justicia.

Algo similar sucederá con la reforma electoral que se promueve sin la participación de los partidos políticos. Nunca en la historia de las últimas reformas político electorales se había marginado a tal grado a la oposición…claro, hasta que llegó quien antes supuestamente fue oposición y ya no tiene tolerancia por quienes disienten del partido en el poder.

La mayoría de las propuestas que hasta ahora se han enunciado tienen como finalidad cerrar aún más los espacios de expresión electoral a quienes expresan y representan una oposición al gobierno. Tales como disminuir o eliminar los diputados y senadores que no representan a la mayoría electoral, o eliminar el denominado fuero político, que tuvo sus orígenes en la valiente oposición de quienes pagaron con su vida, como Belisario Domínguez, la oposición a las dictaduras. Pareciera que ese nombre sólo se utiliza para entregar una medalla en el Senado de la República.

Hace unas semanas fuimos testigos que miles de nuestros compatriotas fueron víctimas de dos tragedias: una de ellas con motivo de fenómenos meteorológicos que, si bien por un lado, poco pueden hacer las autoridades para evitarlo, también es condenable que no hayan hecho nada para atenuar el impacto, como informar, dentro de lo que cabe, con oportunidad del fenómeno, evitar los asentamientos irregulares, y fortalecer los sistemas de protección civil.

En ese contexto, la segunda tragedia es la respuesta por parte del Estado que continúa siendo insuficiente e ineficaz para atender el sufrimiento evitable ante este tipo de fenómenos.

La ayuda necesita llegar con mayor eficacia a las personas que lo requieren con la oportunidad que la crisis lo demanda.

Es evidente el caos que existe cada vez que sucede estos fenómenos naturales debido al desmantelamiento de las instituciones públicas de protección civil y de ayuda humanitaria ante los desastres.