Niños indígenas ganan amparo y obligan a la SEG a garantizar maestros en la Montaña de Guerrero
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Niños y niñas na savi de Cochoapa el Grande, el municipio más pobre de México ubicado en la Montaña de Guerrero, lograron que una jueza ordenara al gobierno estatal de Evelyn Salgado asignar de manera permanente a maestros en la Escuela Secundaria Técnica 295 “Sor Juana Inés de la Cruz”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que el 21 de octubre último interpusieron la demanda de amparo contra la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que mandara maestros de español, matemáticas, de artes y educación física. Los padres de familia llevaban dos años solicitando docentes a las autoridades, pero nunca les dieron respuestas.
A partir de esa fecha los padres emprendieron una lucha legal para que el gobierno de Guerrero garantizara el derecho constitucional a la educación de sus hijos, algo negado a las comunidades más rezagadas de la entidad.
Las madres y padres de Cochoapa el Grande estuvieron firmes. Tuvieron que pedir prestado dinero para realizar los trámites, indicó el organismo en un comunicado de prensa.
“Las autoridades educativas no sólo dejaron en el abandono a las niñas y niños, sino que poco les importó que se trata de familias pobres. Históricamente los han tratado con desprecio, los han discriminado por hablar su lengua materna y los han marginado en las altas montañas a la muerte”.
El 10 de diciembre la jueza Maribel Castillo Moreno, del juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, les concedió la suspensión provisional y definitiva para que la SEG asigne a dos maestros que impartan 60 horas de la asignatura de español, un maestro que imparta 25 horas de matemáticas, un maestro que imparta 26 horas de artes y un maestro que imparta 24 horas de educación física a la Secundaria Técnica 295 “Sor Juana Inés de la Cruz”.
De lo contrario se le impondrá a la SEG una multa de 127 mil pesos, se inhabilitará o se iniciará una carpeta de investigación a sus funcio?
La jueza señaló que no se puede seguir defraudando los derechos de las niñas y niños; además, se debe tomar en cuenta su cultura para impartirles una educación intercultural.
Fue el jueves 18 de diciembre que un actuario judicial leyó vía remota la sentencia a los estudiantes Erick, Dilan Aron, Wrayann y Norydelma, acompañados de sus padres Paulino Vázquez de la Cruz, Ramiro Aguilar Ortiz e Irma Tito Basilio, en la biblioteca del Centro Tlachinollan, en la cabecera del municipio de Tlapa.
Los niños y padres de familia viajaron tres horas desde Cochoapa el Grande hacia Tlapa.
La sentencia en formato de lectura fácil está escrita en lengua tu´un savi y su traducción en español. A la letra dice:
"Me enteré de que en su escuela no hay maestros para impartir todas las clases, lo que ha dificultado su aprendizaje. También sé que sus papás y el comité de padres de familia de la escuela han pedido ayuda al gobierno y no les han dado respuesta.
"Después de revisar todo con cuidado decidí que ustedes tienen derecho a recibir una educación completa con maestros suficientes, en condiciones dignas y respetando su cultura. Ese derecho está en la Constitución y ninguna autoridad puede ignorarlo.
"Por eso, en esta sentencia ordené que se tomen medidas para asignarles a todos sus maestros y les impartan todas las materias a que tienen derecho. Es un derecho que les corresponde y yo estoy aquí para asegurarme de que así suceda. Sepan que la ley está de su lado y que hay personas como yo que están para defenderlos. Con respeto y admiración, la jueza Maribel".
De acuerdo con el organismo, las madres y padres de familia saben que el gobierno tiene que garantizar la educación de sus hijos e hijas, sin que falten maestros y maestras. Su preocupación es que los están cambiando a cada rato y que ya no son cubiertos los espacios, con lo que vulneran sus derechos.
“Las niñas y niños no tienen opciones cuando sus escuelas están cerradas y terminan casados. En Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, desde los 11 o 12 años dejan los estudios para contraer matrimonio y luego irse a los campos agrícolas. Les cortan las alas y los dejan sin futuro”, indica el centro de derechos humanos.
El abogado Baldomero Díaz informó a Proceso que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y comunidades escolares han interpuesto 10 amparos durante 2024 y 2025, de los cuáles ocho han ganado.
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